Resumen: La cuestión a decidir en la sentencia anotada consiste en determinar si la trabajadora demandante, monitora de educación especial en centros docentes de la Junta de Andalucía, ha estado sometida a cesión ilegal entre la referida administración y la empresa empleadora, contratista del servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la Provincia de Málaga. El TS descarta la existencia de una situación de prestamismo laboral. Razona al respecto que la demandante prestaba servicios como auxiliar técnico educativo realizando funciones exclusivamente relacionadas con el objeto de su prestación de servicios como monitora de educación especial, en el marco de una contrata administrativa en la que, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública andaluza de educación, había subcontratado la atención de los alumnos con necesidades especiales con diferentes empresas contratistas. La contratista ejerció como único y verdadero empresario de la trabajadora, resultando que ejercía sobre la trabajadora control de actividad, de horario, de asistencia, del contenido de la actividad, abono de salarios, potestad sancionadora, formación inicial y continuada y prevención de riesgos laborales. Así mismo contaba con varios coordinadores en Málaga, uno por centro escolar, que realizaban distintas visitas al mes y eran los encargados de formar a sus trabajadores. Reitera doctrina.
Resumen: La cuestión a decidir en la sentencia anotada consiste en determinar si la trabajadora demandante, monitora de educación especial en centros docentes de la Junta de Andalucía, ha estado sometida a cesión ilegal entre la referida administración y la empresa empleadora, contratista del servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos con necesidades educativas especiales en centros docentes públicos de la Provincia de Jaén. El TS descarta la existencia de una situación de prestamismo laboral. Razona al respecto que la demandante prestaba servicios como auxiliar técnico educativo realizando funciones exclusivamente relacionadas con el objeto de su prestación de servicios como monitora de educación especial, en el marco de una contrata administrativa en la que, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública andaluza de educación, había subcontratado la atención de los alumnos con necesidades especiales con diferentes empresas contratistas. La contratista ejerció como único y verdadero empresario de la trabajadora, resultando que ejercía sobre la trabajadora control de actividad, de horario, de asistencia, del contenido de la actividad, abono de salarios, potestad sancionadora, formación inicial y continuada y prevención de riesgos laborales. Así mismo contaba con varios coordinadores que realizaban distintas visitas al mes a los centros educativos y eran los encargados de formar a sus trabajadores. Reitera doctrina.
Resumen: No existe cesión ilegal cuando no consta que el trabajador prestara sus servicios desvinculado de la supervisión de las contratistas, y aun cuando la empresa principal aporte los recursos materiales, determine el horario del trabajador, lo incluya en su programa informático y realice funciones de dirección y coordinación de las las funciones del trabajador, son las adjudicatarias las que cuentan con coordinadores, realizando varias visitas mensuales, entregando un plan de actuación, procedimiento a seguir, uniforme con obligación de uso, herramientas de trabajo como teléfono móvil y aplicación de ubicación y registro de entrada, salida e incidencias, y correo electrónico, ejerciendo la actividad relativa a prevención de riesgos y vigilancia de la salud, gestionando las sustituciones por ausencias de los trabajadores, certificando diario de horario y asistencia que se recoge a fin de mes, autorizando ausencias justificadas y enviando sustituto, impartiendo curso de primeros auxilios, entregando material como guantes, manual de acogida en prevención de riesgos laborales, efectuando reconocimientos médicos, elaborando documento de recepción de órdenes, recepción del programa anual de actuaciones, plan de atención individualizada, certificados de horas de servicios, informe mensual de seguimiento y evaluando las funciones. Reitera doctrina.
Resumen: Se cuestiona si la trabajadora —parte recurrida— ha sido objeto de cesión ilegal y, en consecuencia, si tiene derecho a formar parte de la plantilla de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Esta pretensión le ha sido reconocida por la sentencia recurrida en casación unificadora, que confirma la de instancia por la que se le reconocía la condición de indefinida no fija de la citada Consejería, con la categoría profesional de técnico de integración social a jornada completa. La Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación ha formalizado con diversas mercantiles codemandadas la contratación del servicio de apoyo y asistencia escolar para el alumnado con necesidades educativas de apoyo especifico en centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación. La trabajadora ha estado dada de alta por cuenta de las sucesivas empresas adjudicatarias. La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre hechos similares. Los hechos probados de autos impiden apreciar la existencia de una cesión ilegal, al haberse acreditado que la empresa contratista mantenía el control de la actividad de la trabajadora. Debe concluirse que las empresas contratistas ejercieron como empresaria real de la trabajadora —aun con la lógica intervención del centro— sin que exista razón para considerar que se apartara de los condicionados de su contrato de prestación de servicio en cuanto a la forma de llevar a cabo éste, todo ello en el marco de la c
Resumen: El trabajador prestó servicios como manguerista, peón de montes, destinado a campañas de extinción de incendios de la Junta CyL con prestación de servicios determinados meses al año, reclamó el computo de antigüedad en la promoción económica. El JS estima parcialmente declarando el derecho al cómputo todo el tiempo desde el inicio de la prestación y condena a percibo de cantidad en concepto de antigüedad. El TSJ aprecia incongruencia y estima el recurso de la Junta porque el complemento se percibiría sólo por el tiempo efectivo de servicios. En cud recurre el actor solicitando el reconocimiento de la antigüedad por todo el tiempo, la Sala IV remite a su rcud. 3372/19 que reproduce. En el cual consideró que la forma de computar la antigüedad de los fijos discontinuos a efectos de trienios y promoción profesional debe interpretarse la regulación convencional conforme al art. 12.4 d) ET y la cláusula 4 ª el Acuerdo Marco sobre trabajo a tiempo parcial esto es teniendo en cuenta todo el tiempo de la relación laboral, otra cosa supondría diferencia de trato peyorativa para el TP de fijos discontinuos frente al trabajador comparable a TC para el devengo de cada trienio, recordando que esa doctrina se ha aplicado a los trabajadores de la CA de Castilla y León en los rcuds. 3369 y 3918/19 atendido a las previsiones del convenio, concluye que debe tenerse en cuenta todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la prestación laboral. Aplica al caso la misma doctrina estimando
Resumen: La cuestión que se plantea consiste en determinar si, a efectos de la promoción económica vinculada a la antigüedad, debe computarse todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral como trabajador discontinuo, con inclusión de los periodos en los que no ha existido ocupación, o únicamente aquellos en los que el trabajador ha sido llamado para prestar servicios efectivos. La Sala IV reitera jurisprudencia consolidada que señala que para el complemento de antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos que establece el artículo 48 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos Dependientes, debe tenerse en cuenta todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, y no solo los periodos de prestación efectiva de servicios. Lo contrario produciría una diferencia de trato peyorativa para los trabajadores a tiempo parcial —fijos discontinuos— en relación con los trabajadores a tiempo completo ya que, ante un mismo periodo de prestación de servicios, los segundos devengarían un trienio al transcurrir tres años, en tanto a los primeros se les tendría en cuenta, no la duración de la relación laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados.
Resumen: La cuestión a resolver consiste en determinar si la trabajadora, diplomada en enfermería y que presta servicios en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, tiene derecho al percibo del complemento de carrera profesional como personal laboral fijo en las mismas condiciones que el personal estatutario de su misma categoría, cuestión a la que la sentencia recurrida dio una respuesta negativa. Interpuesto recurso de casación para la unificación de doctrina, el TS no entra en el fondo del asunto al no concurrir la necesaria contradicción. En efecto, mientras que en la sentencia recurrida se solicita la diferencia retributiva del complemento de carrera profesional de noviembre de 2018 a octubre de 2019, en la sentencia de contraste lo que se pide es el período de octubre de 2016 a febrero de 2018. La sentencia de contraste no tiene en cuenta la Resolución de reactivación de carrera del personal estatutario de 24 de enero de 2017 que por lo que respecta a los diplomados sanitarios estatutarios tuvo efectos económicos de 1 de agosto de 2018. Tampoco tiene en cuenta la sentencia de contraste, dado el período reclamado, la norma convencional aplicable al período que se reclama en la recurrida (noviembre 2018-octubre 2019), que no es otra que el Convenio Colectivo Único para el personal labora! de la Comunidad de Madrid, en cuyo capítulo IV, regula un modelo de carrera profesional, pendiente de desarrollo normativo, publicado en fecha 23/08/2018.
Resumen: Las demandantes obtuvieron en sentencia firme el reconocimiento de su carácter de trabajadoras indefinidas no fijas. Demandan ahora reclamando su carácter de trabajadoras fijas y la Sala siguiendo la doctrina del TS y de la propia Sala de Galicia, desestima su pretensión apreciando cosa juzgada. En el caso presente la Sala se basó en los mismos hechos hoy alegados, aun cuando omitió parte de normativa hoy invocada, que ya existía y estaba vigente en el momento de interposición de aquella demanda, habiendo podido, ya en aquel momento, instar la declaración de estar vinculado con la demandada con una relación de personal laboral fijo, con carácter principal a la petición que solicitó de declaración de existencia de una relación laboral indefinida no fija, que pudo peticionar conjuntamente y de forma subsidiaria, lo que lleva a entender, por aplicación del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . El hecho de que con posterioridad al dictado de aquella sentencia se hayan dictado otras que matizan, en supuestos concretos y determinados, la doctrina general del indefinido no fijo, para pasar a reconocer la existencia de una relación laboral, no puede servir para justificar una variación de circunstancias de hecho o de motivos jurídicos que permitan sustentar hoy, que la relación laboral, en su día reconocida y declarada como indefinida no fija, en consecuencia del fraude observado en la contratación efectuada, pueda reclamarse hoy como fija.
Resumen: El Gobierno de La Rioja recurre en suplicación la sentencia del Juzgado de lo Social que, estima prescrita la reclamación de un día de vacaciones y los excesos de jornada y permiso por asuntos propios de un bombero forestal (personal laboral), pero acoge la pretensión relativa a la retribución de vacaciones. La Sala de lo Social admite el recurso, con carácter previo, pese a su escasa cuantía, por concurrir afectación general. Pero desestima el recurso, dado que la retribución de las vacaciones debe comprender el promedio de todos los conceptos de devengo habitual, cualidad que es predicable del plus festivo, y de la exégesis de la regulación convencional del plus de domingos y festivos se desprende la compensación con dicho complemento de la prestación de servicios en domingos y festivos. La solución adoptada por un Juzgado de lo Contencioso nº 1, respecto de un funcionario no constituye jurisprudencia vinculante para la Sala, al no existir igualdad con el personal laboral.
Resumen: Se cuestiona el alcance del complemento de carrera profesional y si resulta de aplicación el Acuerdo alcanzado en 2007 reclamando personal INF las mismas condiciones que el estatutario. El JS estimó, el TJS confirmó reconoce el derecho al percibo del equivalente al complemento de carrera profesional. Recurre en cud el SERMAS cuestiona el derecho al percibo del complemento del personal laboral en idénticas condiciones al estatutario de su categoría. La parte recurrida alegó falta de contradicción, examinando la Sala 4 el cumplimiento señala que, al igual que lo observado en STS 17/05/23 rcud. 7661/21, el escrito de interposición incurre en falta de fundamentación de la infracción legal denunciada. Remite al mismo, reproduce la fundamentación de la sentencia de contraste e indica que el nuevo convenio prevé un sistema de carrera que no se conoce por no haber sido desarrollado. No basta que el recurso reproduzca o remita a la SC, no pudiendo la Sala IV suplir la inactividad de las partes construyendo de oficio la fundamentación de la infracción legal que causaría indefensión a las otras partes y el derecho a su tutela judicial efectiva. Al cuestionar la SR debe indicar en que medida la impugnada infringe los preceptos identificados como vulnerados, no se argumentó nada de cada uno de ellos. Sólo aporta consideraciones genéricas de que no hay discriminación y la aplicación de los CC de los hospitales Su incumplimiento es causa de inadmisión, en esta fase supone la desestimar
